Argumentaron su petición en los conflictos legales generados por las
decisiones del Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta,
los cuales demuestran la necesidad de que la Corte Suprema intervenga
en el caso
El 30 de enero de 2009 el equipo de la defensa de los Cinco presentó
la petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos,
en la cual solicitan a dicha corte que examine el caso.
Los abogados de la defensa argumentaron su petición en los conflictos
legales generados por las decisiones del Onceno Circuito de la Corte
de Apelaciones de Atlanta, los cuales, en su opinión, demuestran la
necesidad urgente de que la Corte Suprema intervenga en el caso.
Consideraron además que el hecho de que el Onceno Circuito no
concediera el cambio de sede a pesar de la hostilidad prevaleciente en
la ciudad de Miami contra el Gobierno de Cuba igualmente amerita la
revisión del Caso por parte de la Corte, tal como fue reconocido por
el jefe del panel de tres jueces que examinó el caso, el juez Birch.
«Este caso presenta una oportunidad para la Corte Suprema de
esclarecer el derecho de un acusado de tener un juicio imparcial en la
era de la alta tecnología... (y) esclarecer la legislación del
Circuito para que esté acorde con el precedente de la Corte Suprema»,
explicó Birch en su opinión disidente en agosto del 2006.
Los abogados alegaron que la negación del juez de otorgar un cambio de
sede de Miami para Fort Lauderdale sometió a los acusados a un clima y
a un jurado hostil e injusto en Miami, una ciudad con una gran
población contraria a la Revolución Cubana.
«La dominante y violenta lucha anticubana de la comunidad de Miami
contagiaría con hostilidad no solamente al jurado sino también
causaría que los jurados temieran por su seguridad (y la de sus
familias), por su sustento y por su posición dentro de la comunidad si
ellos hubieran sido absueltos,» dice la petición.
Otros argumentos que según los abogados ponen de manifiesto la
necesidad de que la Corte examine el caso se refieren al conflicto
creado por la decisión del Onceno Circuito con los precedentes legales
establecidos por otras Cortes de apelación en cuanto a la conformación
del jurado y su integridad y a la falta de evidencia para probar el
cargo de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo Hernández.
«El hecho de que la generalizada hostilidad anticubana y la publicidad
acerca del derribo de las avionetas (de Hermanos al Rescate) creó un
riesgo sustancial para que el jurado decidiera de modo neutral sobre
los cargos imputados, puede ilustrarse perfectamente en el veredicto
de culpabilidad de Gerardo Hernández para cometer asesinato, a pesar
de la ausencia de pruebas que respaldaran esta grave acusación, por la
cual fue sentenciado a cadena perpetua», indicó el documento.
Los cinco cubanos fueron declarados culpables en Miami, Florida, de
cargos relacionados con conspiración para cometer espionaje para el
gobierno de Cuba por monitorear las organizaciones terroristas en esa
ciudad. El juicio, los cargos y las condenas han generado una ola de
protestas en todo el mundo y fue el único proceso judicial en la
historia de Estados Unidos que ha sido condenado por la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Como concluyó (en este caso) el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
mayo de 2005, «el clima de parcialidad y prejuicio contra los
acusados» fue tan extremo que los procedimientos no pudieron alcanzar
«la objetividad e imparcialidad que se requiere para lograr los
estándares de un juicio justo» y «le confirieron un carácter
arbitrario a la privación de libertad».
«Decenas de organizaciones e individuos en todo el mundo — incluyendo,
por ejemplo, numerosos premios Nobel, parlamentos nacionales, y
comisiones parlamentarias de derechos humanos— criticaron severamente
los procedimientos». «Ningún proceso criminal en la historia moderna
de Estados Unidos ha sido criticado de esta manera».
El equipo legal de los Cinco ofreció el viernes una conferencia
telefónica con la prensa luego de presentar la solicitud para la
petición de certiorari.
La acción legal está encabezada por el abogado Thomas C. Goldstein,
quien co-preside la práctica en la Corte Suprema en la firma Akin Gump
Strauss Hauer & Feld LLP e imparte Litigación en la Corte Suprema en
las Facultades de Derecho de las Universidades de Stanford y Harvard.
Es reconocido como uno de los cien abogados más influyentes en Estados
Unidos y ha argumentado 20 casos ante la Corte Suprema. El abogado
Goldstein está acompañado por otros abogados, incluyendo Leonard
Weinglass, Richard Klugh y Michael Krinsky. (Tomado de antiterroristas.cu)
No hay comentarios:
Publicar un comentario