Micheletti acepta revisar estado de sitio
Micheletti anunció que consultará con la Corte Suprema y con el Tribunal Electoral, entre otros.
El presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, se declaró dispuesto a considerar la eventual derogación o modificación del decreto ejecutivo que suspendió por 45 días los derechos de reunión, movilización y libre expresión, que fue hecho público el domingo.
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Micheletti respondió así a una solicitud realizada por una delegación del Congreso de su país, donde algunas bancadas ya habían expresado su incomodidad con la medida en cuestión.
"Acepto la petición pero yo, responsablemente, voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral e incluso, si hay posibilidad, con los candidatos presidenciales", dijo Micheletti.
"En el momento adecuado será derogado ese decreto, para que los hondureños puedan participar en las elecciones", dijo y luego indicó que una decisión en ese sentido podría ser alcanzada "en el término de esta semana".
En medio de la campaña
"ESTADO DE SORDERA"
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorin, afirmó que en las autoridades interinas de Honduras hay “un estado de sordera ante lo que ha dicho la comunidad internacional”.
Amorin redobló sus críticas hacia el gobierno interino, encabezado por Roberto Micheletti, después de que este advirtiera que la embajada brasileña en Tegucigalpa –donde se encuentra el depuesto presidente Manuel Zelaya – podría perder su condición diplomática.
La reconsideración parece motivada, precisamente, por la necesidad de preservar la solución electoral por la que están apostando algunos sectores.
Y, probablemente, también es necesaria para evitar una eventual derrota política del gobierno interino a manos de sus propios aliados, ya que el Partido Nacional -al que muchos dan por seguro ganador de las elecciones del 29 de noviembre-, parecía dispuesto a votar por la derogación del estado de sitio una vez que la medida fuera enviada al Congreso para su ratificación.
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En cualquier caso, la derogación por parte del gobierno interino también constituiría una vía más rápida para la restitución de derechos y garantías, ya que la ley le da al presidente de la república un plazo de 30 días para remitir un decreto de este tipo al Congreso, que a la fecha todavía no lo ha conocido oficialmente.
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