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La organización es importante...

jueves, diciembre 10, 2009

“Cuídate Martin Esparza, el director del IPN no representa a la comunidad” Sobre la filiación Política de la nueva dirección del IPN, los politécnicos y uno de los 5 notables en la mesa de negociación del SME. Por Ing. Ernesto M. Pereira Cámara Egresado de la ESIME Generación 87 – 92 He querido iniciar mi intervención con la siguientes observaciones, al leer algunos artículos sobre el reciente nombramiento del Director del IPN, sobre la filiación política de esta y la solicitud de Martin Esparza, para que entre cuatro distinguidos miembros de la academia y la sociedad incluyera a un quinto malo: Enrique Villa Rivera, quien en principio dijo que no aceptaba ya que era un asunto concluido, como lo fue aquella reforma académica que impulso durante su gestión y que abortó debido a la presión estudiantil ante la eminente huelga estudiantil. Aunque como ciudadanos tenemos el derecho de tener cualquier filiación política, sin embargo por nuestra herencia histórica que debemos tener quienes hemos estudiado en escuelas públicas o específicamente en el IPN, nuestra filiación política no debe ser orientada al PAN o a pertenecer a grupos clericales como ya se ha dado en antiguos nombramientos de la época del PRI. Creo que más preocupación nos debe ocupar el pensar que hay jóvenes estudiantes en nuestras escuelas, e incluso maestros, aunque sean los menos o profesionistas panistas que presumen su origen politécnico. El PAN nace el 15 de septiembre de 1939, con la idea de contrarrestar los "excesos" del gobierno Cardenistas, y la creación de nuestro instituto fue uno de esos excesos que, según la derecha, había y hay que combatir junto con cualquier forma de educación publica, laica y gratuita. Olvidar los orígenes de nuestras escuelas es defecar sobre la sangre del pueblo de México muerto en la lucha armada de la revolución. El reciente nombramiento, con fundamento en el Articulo 12 de la ley orgánica del IPN, la Sra. Bustamante fue designada por un presidente falto de legitimidad, que aunque dice que aprendió política con ética de su padre esta clase de ética queda evidenciada al haber sido autodenominado presidente "haiga sido como haiga sido". La Sra. Bustamante señala que es parte de un proyecto, que entre otras cosas promueve el modelo educativo basado en competencias, contrario a la esencia de nuestro articulo tercero constitucional y que fue instituido e impulsado por la peor gestión del politécnico la del guadalupano, entusiasta promotor del modelo educativo: la letra con sangre entra, el coleccionista de doctorados Honoris Causa. Enrique Villa Rivera, quien Adhirió al IPN a Sociedad en Movimiento, que es un grupo ultraderechista de apoyo a las medidas neoliberales ejecutadas por FECAL. Maestros e Investigadores han sido puestos a disponibilidad por el guadalupano Sr. Villa y 2 Estudiantes Politécnicos han sido expulsados por llevar a trabajadores del SME a explicar la situación que viven con el decreto de extinción de la CLyFC. Y aun así el Secretario General del Sindicato mexicano de electricistas Martin Esparza, solicita la participación de la dirección del IPN en la comisión negociadora. Cuidado, esto es como dormir con el enemigo, mientras la UNAM tiene un representante de su comunidad con altura Moral y crítico del modelo neoliberal el Dr. José Narro Robles, los politécnicos tenemos un enano: el Guadalupano, coleccionista de doctorados y educador de la era de las cavernas el Sr. Villa. Compañeros del SME y sobre todo Compañero Martin Esparza, hay que tener mucho cuidado, la lucha del SME es la de todos los ciudadanos conscientes y hagamos la protesta de los huelguistas de hambre la protesta de todos ya que cuando el Sr. Salinas el usurpador, se puso en huelga de hambre solo necesito 10 horas y ahora las compañeras llevan ya varios días y no indigna lo suficiente a nuestro pueblo.

Del Estado católico al laico II

Por: Octavio Rodríguez Araujo
Con el gobierno de Calles se hizo valer el artículo 27 según su texto original de 1917, y se cerraron conventos, iglesias, escuelas católicas que no impartían educación laica, etcétera. Los curas extranjeros fueron expulsados. La Iglesia reaccionó y el arzobispo primado de México, José Mora y del Río, declaró el 4 de febrero de 1925: La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º, 27º y 130º de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión” (ver:http://guadalupe.luxdomini.com/ guadalupe_iglesia.htm).

El 14 de marzo de 1925 se creó la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Detrás de ella lucharían los Caballeros de Colón (sus fundadores), la Unión Nacional de Damas Católicas Mexicanas, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). En junio de 1926 Calles decretó reformas al Código Penal, denominadas Ley Calles, que entrarían en vigor el 31 de julio. En respuesta, el primero de agosto el Episcopado mexicano resolvió suspender el culto público para alebrestar al pueblo católico contra el gobierno. El 16 de agosto de 1926 el Episcopado envió a Calles un Memorial,firmado por el arzobispo primado de México y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. Tres semanas después enviaron el mismo Memorial al Congreso de la Unión. Dicho documento pedía la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, por considerarlos contrarios al clero y a la Iglesia católica.

El 18 de noviembre Pío XI proclamó la encíclica Iniquis afflictisque, la cual dictaba la conducta a seguir por los católicos mexicanos en contra del gobierno mexicano. La encíclica llamaba –elípticamente, como suelen escribirse las encíclicas– a luchar y a morir “por la santísima libertad de la fe” atacada por los gobernantes de la República mexicana que, “por su despiadado odio contra la religión, han continuado urgiendo sus malas leyes con más acritud y fiereza” (http://guadalupe.luxdomini.com/iniquis_afflictisque.htm). El desenlace de dichas exigencias eclesiásticas fue la cruenta guerra cristera de 1927 a 1929.

Esos episodios de enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado fueron mitigados,en parte por Cárdenas y sobre todo a partir del gobierno de Ávila Camacho. Pero la Iglesia no cedió, si bien su tono fue menos beligerante. Con las reformas de Salinas el clero quedó más satisfecho, pero con el triunfo de Fox y de su esposa, que no figuraba en las boletas electorales, los jerarcas religiosos se envalentonaron y van por más. Ahora quieren que se enseñe religión en las escuelas públicas y están en contra del uso del condón, de la píldora anticonceptiva y de la del día siguiente y, por supuesto, del aborto.

So pretexto de la lucha contra el aborto, que los católicos llaman“lucha por la vida”, y aprovechando la derechización de la política en manos del PAN (con El Yunque o sin él) y de muchos jóvenes priístas educados en escuelas confesionales y privadas, la Iglesia católica está presionando por imponer sus valores sobre los demás tanto en las escuelas (siempre ha estado en contra de la educación laica) como en la esfera estatal y la vida familiar.

A diferencia de las izquierdas, que suelen estar ansiosas por obtener resultados en sus luchas por cambios sociales, la Iglesia católica y sus fieles más fanáticos son pacientes y saben, o intuyen, que si logran triunfos, como la penalización del aborto, avanzarán más hasta lograr un Estado que, aunque no sea católico (como en el pasado), no sea expresamente laico y acepte que la separación de la Iglesia deje de ser una realidad, como de alguna forma ocurre en Estados Unidos.

En esta lógica es que Rodolfo Echeverría Ruiz ha estado promoviendo un grupo ciudadano que ha sido llamado indistintamente “República laica” o “Ciudadanos en defensa del Estado laico”, para actuar unidos a fin de gestionar ante la Cámara de Diputados que se lleve al pleno –para ser discutido y votado– un dictamen elaborado por la anterior legislatura. Ese dictamen se refiere a una iniciativa destinada a reformar dos artículos de la Constitución: 40 y 115. “Como todos sabemos –me ha escrito Rodolfo–, el concepto de laicidad está incluido de manera inequívoca en el artículo 3º constitucional. Sin embargo, no vuelve a mencionarse ni el concepto ni la palabra laico en el resto del texto constitucional. La propuesta sería que el artículo 40 señalara que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, pluriétnica y pluricultural… Lo mismo en el artículo 115.”

Me sumo a esta lucha junto con Juan Ramón de la Fuente, Cuauhtémoc Cárdenas, David Ibarra, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Pagés, Fernando Zertuche, Manuel Tello, Jesús Silva Herzog, José Iturriaga, José Rogelio Álvarez, José Woldenberg, Miguel González Avelar, Guillermo Tovar y de Teresa, Héctor Bonilla, Alejandro Carrillo Castro, Rolando Cordera, Alejandro Encinas, León García Soler, Ignacio López Tarso, Ifigenia Martínez, Alejandra Moreno Toscano, Humberto Musacchio, Ricardo Raphael, Diego Valadés, Héctor Vasconcelos, Miguel Ángel Granados Chapa y más que de memoria me ha citado Rodolfo.

Una cosa es que las iglesias tengan su derechos y otra que sus valores deban formar parte de las políticas públicas del Estado mexicano e imponerse a quienes no comulgan con ellos. El tema del aborto, sensible como es gracias a creencias sin justificación científica, es la cuña que la Iglesia católica ha encontrado para romper con la laicidad del Estado y de nuestras leyes.

El aborto inseguro, una pandemia prevenible

Por: Asa Cristina Laurell

El avance en la penalización del aborto en las entidades federativas –hasta ahora 17–, requiere del análisis de su impacto sobre la salud pública. Penalizar el aborto tendrá muchas consecuencias que van más allá del caso individual, de por sí grave.

Un tema no suficientemente tratado en la discusión es el del aborto espontáneo o natural que es el desenlace del 10 al 20 por ciento de todos los embarazos diagnosticados. El 95 por ciento ocurre entre las semanas siete y 12 de gestación. Presenta un cuadro clínico difícil de distinguir del aborto inducido, con sangrado vaginal, cólicos, cuello uterino borrado y dilatado. Incluso cuando el feto es retenido en el útero puede ser séptico.

¿Qué sugieren los promotores de la penalización para estos casos frecuentes? ¿Quieren castigar a las mujeres por el funcionamiento de su cuerpo; quieren castigar penalmente la enfermedad? ¿Se hará una investigación judicial para establecer la causa del aborto?

Es previsible que la criminalización del aborto trastoque los procesos en los servicios. La obligatoriedad de reportar los casos sospechosos de un aborto inducido, hará crecer las dificultades para que se atienda adecuadamente una mujer que llega al hospital con un aborto en curso, sea cual fuera su causa. Involucrar al Ministerio Público conlleva consecuencias que dañan profundamente la relación médico-paciente, particularmente porque el personal de salud también queda bajo sospecha. Se verán más rechazos de atención y más muertes maternas.

Se cierra el cerco sobre las mujeres porque las mismas fuerzas que promueven la penalización del aborto están en campaña contra los anticonceptivos de todo tipo y de la educación sexual. Están creando el peor escenario para prevenir el aborto, ya que el efecto es reforzar conductas de alto riesgo no sólo para el embarazo no deseado, sino también para contraer infecciones de transmisión sexual, por ejemplo el VIH/sida. No hay ninguna evidencia robusta de que la ignorancia o amenaza de un castigo cambie la conducta sexual de mujeres y hombres.

Los embarazos en mujeres menores de 18 años representan el 20 por ciento de todos los embarazos en México y este grupo requiere de información sexual y sobre cómo protegerse. Las adolescentes tienen, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), un riesgo 1.2 veces mayor de morir por su gravidez que el resto de las mujeres. Nuestro país suscribió los Compromisos del Milenio de la ONU en 2000, cuyo objetivo cinco es mejorar la salud materna. Entre los indicadores están precisamente la tasa de natalidad entre las adolescentes y la de uso de anticonceptivos, ambos factores de riesgo de muerte materna.

Otro indicador es la mortalidad materna (MM), cuyo objetivo es laograr una disminución de 75 por ciento entre 1990 y 2015. Esto quiere decir que en México debiera bajar de 57.2 por 100 mil nacidos en 2008 a 22 en 2015, lo que requeriría la reducción de 6.9 por ciento al año. México estaba lejos de cumplir las metas anuales de disminución de la mortalidad materna antes de la campaña contra los anticonceptivos y la penalización del aborto. Es de esperar que con estas acciones el problema tenga peor tendencia. Esta es una de las razones de la preocupación de la ONU, expresada hace unas semanas, por la penalización del aborto en los 17 estados que la legislaron.

El aborto es una práctica común en México y el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima unos 100 mil al año y el Instituto Guttmacher alrededor de medio millón. Este dato debe ser confrontado con el hecho de que un aborto clandestino es nueve veces más peligroso que uno inducido por un médico en condiciones seguras antes de las 18 semanas de gestación.

Los derechos sexuales y reproductivos son garantías fundamentales de la mujer. Suprimirlos tiene impacto en la salud pública. “El aborto inseguro. La pandemia prevenible”, publicado en Lancet, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2006, concluye: “Su historial de salud pública es preciso e incontrovertible: el acceso a un aborto solicitado, seguro y legal mejora la salud”. La comparación con los datos muy publicitados de las defunciones a consecuencia de la influenza A/H1N1 es contundente. Para el cierre de 2009 habrá alrededor de 950 muertes por esa causa, mientras las muertes maternas estarán entre mil 50 y mil 150, y una proporción importante de ellas se deben al embarazo en adolescentes o a los abortos mal practicados. ¿Por qué estos datos no causan la misma preocupación que los de la influenza?

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