Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de factocalificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o
escuadrones de la muerteson preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administració
más de lo previsto, constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente
social, que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las
autoridades locales y municipalesde México y b) una mayor vinculación con
la ciudadanía.
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.Como era previsible, la presencia en Ciudad Juárez del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha hecho sino exacerbar los agravios cometidos contra la población de esa martirizada localidad fronteriza por las organizaciones delictivas, pero también por las autoridades de todos los niveles gubernamentales.
Al abandono y el desinterés oficial de lustros se sumaron, ayer, la injustificada represión de manifestantes en las calles de Ciudad Juárez por elementos de la Policía Federal, sobre la cual pesan ya diversas acusaciones de indolencia y corrupción. En esta ocasión los aparatosos despliegues policiales sumaron, a la apreciación de ineficiencia, la de una violencia sin propósito ejercida contra la población.
Por añadidura, la disculpa ofrecida por Calderón Hinojosa a los deudos de los estudiantes masacrados hace dos semanas –a quienes el gobernante señaló en una primera reacción como presuntamente vinculados con grupos delictivos– es tardía e insuficiente: tardía, porque la primera rectificación debió provenir del propio Calderón, y no de boca de Gómez Mont; insuficiente, porque durante años el discurso oficial ha pretendido que la inmensa mayoría de los muertos en esta guerra oscura y confusa emprendida por las autoridades eran individuos vinculados a la criminalidad, una caracterizació
Por lo demás, lo que da motivo a la disculpa no es únicamente la calumnia oficial contra los jóvenes asesinados en Juárez el 31 de enero, sino la aplicación, en la ciudad fronteriza y en el resto del país, de la estrategia equivocada y errática adoptada desde el primer día de esta administració
Desde el arranque del gobierno calderonista, numerosas voces alertaron sobre la improcedencia y los peligros de confrontar a la criminalidad sin una visión de conjunto, sin un entendimiento cabal del complejo fenómeno y sin una política integral que solucionara o aliviara, en forma paralela a la persecución de la delincuencia, las causas profundas que le dan origen: la falta de desarrollo económico y social; las carencias educativas, de salud y empleo; los escenarios de marginación multiplicados por el modelo económico neoliberal, aún en vigor. Con el telón de fondo del incremento imparable de la violencia y de las muertes, y a pesar de los reclamos en el sentido de que las acciones gubernamentales no hacen más que agravar lo que pretendían resolver, el gobierno federal persistió, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, en defender su política contra el crimen organizado.
Hace unas semanas, las autoridades federales anunciaron por fin, con una discreción contrastante con el bullicio mediático que acompañó el inicio de su cruzada policiaco-militar, la rectificación que numerosos sectores le demandaron durante tres años. Ahora, para la agraviada sociedad juarense, resulta inevitable preguntarse si habrían debido ocurrir tantas muertes y tanta destrucción antes de que el Ejecutivo federal dé un viraje como el que parece estar dispuesto a emprender.
En suma, ningún ceremonial político y ningún despliegue mediático ni policial bastarán para restaurar la confianza de los juarenses en las autoridades en tanto no se ofrezca a la opinión pública una explicación exhaustiva de las consideraciones que pesaron para el cambio de actitud referido; en la medida en que siga ausente la autocrítica de lo realizado en la primera mitad del periodo calderonista y, sobre todo, en tanto la intervención federal en Ciudad Juárez no se traduzca en una real vigencia de la seguridad pública y de los derechos humanos.--
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