Diputados denuncian persecución política

Oswaldo Salazar
CUERNAVACA. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado aseguró que el gobierno de la nueva visión encabeza una persecución política contra ex funcionarios de la administración de Marco Antonio Adame Castillo, por lo que puso en duda la participación de su instituto político en la Mesa del Consenso para los Derechos Ciudadanos, convocada por el Poder Ejecutivo. El líder de la bancada albiazul en el Poder Legislativo, Javier Bolaños Aguilar, sostuvo que la argumentación con que el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, exhibió públicamente al ex secretario de Finanzas y Planeación, Alejandro Villarreal Gasca como culpable de un presunto fraude millonario “es totalmente débil, carente de sustento, parece ser un asunto fabricado o que se atiende a una instrucción para responder con golpes mediáticos a quienes no estamos de acuerdo con la forma en como se están llevando a cabo las cosas”. Destacó que contrario a su obligación de respeto a la Ley, Messeguer Guillén expuso e hizo escarnio público de una carpeta de investigación en proceso y convirtió a		Villarreal Gasca en un presunto culpable, violando el precepto de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. “El secretario de gobierno ya condenó ayer, con nombres y apellidos a ex funcionarios del gobierno anterior y eso está completamente fuera de lugar, ya tiene culpables, ya los condenó y los está haciendo objeto de un linchamiento social y mediático que además contraviene al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial de Morelos, que establece como premisa la presunción de inocencia”, consignó. Finalmente al insistir en que lo que está ocurriendo es una “persecución política y una estrategia para desviar la atención ante la falta de resultados del nuevo gobierno”, Bolaños Aguilar puso en duda que ante estos embates políticos, existan las condiciones suficientes para que Acción Nacional, por lo menos su bancada en el Congreso, participe en la Mesa del Consenso para los Derechos Ciudadanos, convocada por el Poder Ejecutivo para el próximo 8 de abril.