Exige bancada del PRD la remoción del Auditor Superior de Fiscalización

Oswaldo Salazar
CUERNAVACA. Ante los indicios de que el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), Luis Manuel González Velázquez se ha vuelto cómplice de presidentes y ex presidentes municipales, para cubrir el manejo ilegal y evitar sanciones por el desvío de recursos públicos, el grupo parlamentario del PRD pidió ayer su destitución ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado. Su líder y presidente de la Junta Política, Juan Ángel Flores Bustamante, sostuvo que “no se puede seguir teniendo a alguien al frente (de la ASF) que no está más que buscando sus intereses económicos y personales” ya que desde la óptica de todas las fuerzas políticas representadas al interior del Congreso “no hay resultados y cuando no hay resultados, entonces quiere decir que algo está interviniendo y no quiero creer que sea la ineptitud del señor”. Admitió que hasta el momento el Poder Legislativo no tiene las pruebas necesarias para comprobar el encubrimiento de González Velázquez a autoridades municipales a cambio de beneficios económicos personales, pero aseguró que eso es evidente ante la falta de acción del órgano fiscalizador frente a hechos que a todas luces representan delitos. “Ha habido 33 presidentes municipales del 2006 al 2009, que ninguno ha sido sancionado del 2009 al 2012, y otros 33 que tampoco han sido sancionados, entonces creo yo que es más que evidente la complicidad del auditor con los actuales y anteriores presidentes municipales”, argumentó.		Flores Bustamante explicó que debido al proceso de designación del auditor -mediante determinación de las dos terceras partes de la Legislatura anterior-, resulta complicado el camino de la destitución, aunque presumió que la Dirección Jurídica del Congreso ya comprueba la presunción de que de forma ilegal, González Velázquez fue instalado en la ASF con un dictamen que -contrario a lo que se asegura- no cuenta con las firmas de al menos 20 diputados, como lo establece la normatividad. “Si esto nos va a costar meter a (Gerardo) Casamata y volverlo a dar de baja, pues tendremos que ver jurídicamente cómo se va a hacer, pero no podemos permitir que se siga abusando del poder y que se siga violentando a los ciudadanos que están viendo que el auditor no está sancionando a los que deben ser castigados por el desvío de recursos”, consignó. Y es que en paralelo a la posibilidad de remoción de González Velázquez, el ex auditor Gerardo Casamata Gómez que dejó la vacante al ser destituido por la Legislatura anterior, encabeza un juicio por el que podría ser reinstalado en el cargo. “Ya nos cansamos de ver cómo en base a documentos, firmas o nombramientos hechos con anterioridad, nos han dejado a gente que no está respondiendo, que no está funcionando, y así categóricamente lo digo, el auditor actual, no tiene la calidad para decir, porque ya hemos puesto plazos y no ha dado respuesta”, concluyó.