MEXICO, D.F., 25 de enero (LA JORNADA/Gobierno Legítimo de México).- Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la crisis económica empeorará y ante ello anunció una nueva etapa de la resistencia civil, para buscar soluciones colectivas que eviten cobros indebidos en el consumo de combustibles, electricidad, agua, predial, tarjetas de crédito, hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios, así como proteger las pensiones de los trabajadores que, afirmó, han perdido más de 50 mil millones de pesos en los meses recientes.
En Asamblea General con decenas de miles de brigadistas que llenaron el Zócalo capitalino, llamó a nuevas movilizaciones a la Secretaría de Hacienda, a las oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad y a la Asociación Mexicana de Bancos, y manifestó que “la triste realidad” que viven miles de mexicanos se traduce en desempleo, carestía, pobreza, inseguridad y violencia, “pero sobre todo existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración”, frente a un ambiente de insensibilidad e indolencia del gobierno espurio. Agradeció el apoyo y expresó su reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista, en particular, para el petista Alberto Anaya; el presidente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, y a los perredistas Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, presidenta del PRD capitalino, todos presentes en la reunión. López Obrador debió aguardar 15 minutos para iniciar su discurso, pues justo cuando iba a tomar la palabra se inició el llamado a misa en la Catedral Metropolitana, mientras algunos asistentes protestaron, otros aprovecharon para asistir a la celebración litúrgica, aunque debieron dejar en las puertas del atrio sus pancartas y propaganda del movimiento. También destacó el operativo que desplegó la Policía Federal Preventiva, con elementos femeniles en toda la acera del Palacio Nacional, detrás de vallas metálicas. En el discurso, López Obrador confirmó que a partir de febrero se instalarán 31 casas en defensa de la economía popular en las capitales de los Estados, así como 16 en las delegaciones del Distrito Federal. Señaló que las acciones de resistencia civil permitirán “seguir presionando al gobierno usurpador” para que proteja al pueblo porque, dijo, “todo apunta a que la situación va a empeorar”. Ejemplificó que el peso se devaluó 40 por ciento respecto del dólar y continúa en aumento el despido masivo de trabajadores. Cuestionó la falta de voluntad y capacidad del gobierno calderonista para enfrentar ese desafío, “porque está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral. Está atado de pies y manos. Además es muy inepto”. Explicó que la crisis nacional se origina por la corrupción y la desigualdad, que derivan en un mal gobierno, y señaló como responsables a quienes se adueñaron del poder y de las instituciones. “En nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa, hay poderes constitucionales pero en los hechos un grupo los ha confiscado, esta especie de dictadura encubierta no sólo nulificó la vida democrática, sino causó una profunda desigualdad económica y social”, resaltó. Advirtió que en contraste “se ha creado una clase parasitaria de altos funcionarios públicos y políticos que gozan de privilegios”. Recordó que desde 2000, los gobiernos federales panistas aumentaron el gasto corriente 72 por ciento y que en los dos años de Felipe Calderón, ha crecido en 400 mil millones de pesos. “Ahora bien –se preguntó—, si no ha habido crecimiento económico, si hay una profunda desigualdad social y se padece de una dictadura encubierta, ¿cómo es entonces que no ha habido un estallido social? La respuesta tiene que ver con la nobleza y la vocación pacifista de nuestro pueblo, y con el papel de válvulas de escape, que han jugado la economía informal y el fenómeno migratorio”. Pero acotó que aun cuando no se ha desbordado el descontento, la manifestación más inequívoca del fracaso de la política económica vigente es “el crecimiento tan preocupante” de la desigualdad y de la violencia”. Insistió que un cambio económico no surgirá de la clase política en el gobierno, “empecinada en el lucro, en el discurso de la mentira y en el desdén, pensando que con el control de los medios de comunicación seguirá imponiéndose”. Por ello, dijo, la movilización debe continuar. Previamente, Encinas detalló la estrategia de esta nueva etapa de la resistencia civil pacífica –como lo hizo más tarde López Obrador—: la campaña de difusión, del 26 al 30 de enero; el martes 3 de febrero a las 17:00 horas, un mitin frente a la Secretaría de Hacienda, en la avenida Hidalgo de la ciudad de México, para exigir un cambio de rumbo en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina, el diesel, la luz, el gas, se derogue el IETU y se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores; miércoles 17 de febrero, a la misma hora, asambleas del movimiento frente a las oficinas de LFyC y de la CFE, en las 31 entidades y el Distrito Federal, para protestar por cobros excesivos en los recibos del consumo. Durante el siguiente mes, apertura de las casas del movimiento; el 3 de marzo, también a las 17:00 horas, mitin frente a la AMB, en rechazo a las altas tasas de interés en las tarjetas de créditos, cobros indebidos y analizar la situación de la cartera vencida; el miércoles 18 de marzo, a la misma hora, reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento al general Lázaro Cárdenas, en el Eje Central, y el 22 de marzo a las 10:00 horas, en el Zócalo capitalino, otra asamblea informativa. En la última parte de su discurso, exigió la cancelación del proyecto multimedia Resplandor Teotihuacano y protestó por los daños ocasionados a la zona arqueológica de Teotihuacán, “en aras de intereses políticos, mediáticos y mercantiles”. También expresó su solidaridad y la del movimiento con los familiares de los 65 mineros que murieron en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, hace casi tres años; a los mineros de Cananea, Sonora, en huelga desde hace 18 meses, y que “sufren acoso, represión y confabulación entre autoridades federales, y el dueño de Grupo México”. Igual solidaridad expresó a los potosinos que defienden el Cerro de San Pedro, explotado por la Minera San Xavier; al pueblo de Zimapán, Hidalgo, que rechaza la construcción de un basurero de residuos tóxicos y que, como consecuencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial desconoció al alcalde electo del PRD, José María Lozano Moreno. También se refirió al caso del presidente municipal electo de San Marcos, Guerrero, a quien se le quitó, dijo, el triunfo, para dárselo al PRI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario