LA IV REPUBLICA

Piden se investiguen nexos del narco con escoltas de Adame

Escrito por Raúl Morales Velázquez

Miércoles, 13 de Enero de 2010 00:00

CUERNAVACA. José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH), calificó como “delicada” la denuncia que se realizó en un medio nacional respecto a que dos escoltas del gobernador Marco Adame Castillo están vinculados con el narcotráfico, por lo que pidió que se investigue a fondo el caso por parte del gobierno federal. En este hecho “hay un problema no solamente de omisión, sino de una responsabilidad muy grave por parte del Ejecutivo, porque se está mencionando a su equipo cercano, es decir, a sus guardaespaldas que estarían involucrados en una relación con la delincuencia organizada”. Martínez Cruz mencionó que el gobierno del estado no ha expresado su postura sobre la cuenta bancaria a nombre del mandatario estatal en donde supuestamente le era depositado dinero para la protección del cártel de los Beltrán Leyva. “Esta situación es muy delicada, tiene que ser revisada minuciosamente y de ahí sacar conclusiones, porque hay responsabilidades políticas que tienen un efecto social muy grave”. Recordó que, cuando fue diputado, el mismo Adame Castillo pidió, en su momento, que Jorge Carrillo Olea pidiera licencia como gobernador de Morelos para que se llevaran a cabo las investigaciones que se realizaban a esa administración. Actualmente “¿por qué no se aplica él mismo (Marco Adame) ese mismo criterio que él demandó ante la Cámara de diputados, hoy también se lo están demandando ya diputados del Congreso del estado y a nivel federal también hay una comisión que está investigando lo que está ocurriendo en Morelos”.. Por ello, “debería presentar su licencia para que hubiera una investigación a fondo y se deslindaran responsabilidades, insisto graves, porque ya tienen repercusiones en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas de libertades democráticas, en pérdida de una tranquilidad social que no es solamente en este caso de los grupos delictivos, sino también por las complicidades oficiales”. Incluso Martínez Cruz consideró que la actual situación del estado es más grave en comparación a la que se vivió con Carrillo Olea, pues “recordemos que en aquel momento fue un caso de tortura y ejecución extrajudicial de Jorge Nava Avilés, a partir de lo cual se generó toda una demostración de que los cuerpos policíacos estaban incluso deteniendo y matando a personas sin que fueran procesadas”, en lo que se conoció como la “era Montiel”. Y “ahora se está demostrando también que son cuerpos policíacos los que están cometiendo ejecuciones extrajudiciales y ahora el número que apareció en un solo día fue de nueve casos. Es verdaderamente grave que ahora se legalice la tortura, porque se haya cometido algún delito. No se vale de ninguna manera lesionar de esa manera los derechos de la ciudadanía, porque también hay pérdidas de vidas civiles que no tienen nada que ver en este asunto”.